El gobierno es ilegítimo. El pueblo
reclamó que los políticos que nos llevaron al desastre de la crisis
renunciaran. Reclamó “que se vayan todos”. Para hacer un último intento,
al encontrarse con la gente movilizada, o mejor dicho, para continuar con los
negociados, la corporación política se unió y consiguió formar un gobierno
que se pretende legal pero es ilegítimo. Los hechos, conocidos por todos,
hacen sospechar de una confabulación para conseguir hacerse del gobierno
en crisis de De La Rua. La ilegitimidad se consagra con la continuación de las
medidas económicas tomadas por el gobierno anterior, la devaluación, la
reducción del salario real y la expropiación de los ahorristas. La legalidad
del gobierno sólo se puede aducir por que utilizó el mecanismo previsto para
la acefalía, pero no es legítimo porque fue elegido por un congreso que vende
leyes. No es legítimo porque su poder descansa en una junta de gobernadores que
se manejan en sus provincias como señores feudales. Es un gobierno ilegal por
los mecanismos anticonstitucionales que utilizó para hacer valer las medidas
económicas, los superpoderes, los decretos de necesidad y urgencia y por
permitir y facilitar las violaciones a la propiedad privada de millones de
ahorristas y consumidores. Es un gobierno ilegítimo porque teme al poder económico
interno y externo más que a su propio pueblo y gobierna de espaldas a él.
El
pueblo necesita renovar los mecanismos y los hombres de esta democracia. Esa
renovación es indispensable porque la ineptitud y la corrupción que
convirtieron la democracia en una caricatura no nos permitirán superar la
crisis política y económica.
Para
salir de la crisis es indispensable un gobierno de transición, legítimo,
elegido por el pueblo, para que llame a una constituyente que introduzca los
nuevos mecanismos de representación y de control que permitan la limpieza de la
corrupción generalizada y den paso a un estado nuevo verdaderamente democrático.
El nuevo gobierno transitorio deberá tomar las medidas económicas que el
pueblo reclama y con la nueva constitución en vigor, llamar a elecciones y
entregar el gobierno, en diciembre del 2003 a los representantes elegidos para
la nueva democracia.